El juez Jorge Díaz, del juzgado de Crimen Organizado, procesó con prisión a la jueza Anabella Damasco por delitos cometidos cuando era jueza penal.
Anabella Damasco, que es miembro de un tribunal de apelaciones en lo penal, fue denunciada y procesada en el día de hoy por el faltante de U$ 60.000 dólares de tres cuentas corrientes de casos que en su momento estuvieron en su jurisdicción.
La jueza ahora procesada intervino en algunas grandes operaciones contra el narcotráfico, en particular la llamada “Operación campanita”, y sería precisamente de ese caso del que faltaría la mayor cantidad de dinero de las cuentas corrientes. La ex jueza se encuentra detenida en Cárcel Central, según informó el ministerio del Interior.
Los fondos faltantes corresponden a tres casos. En uno de ellos un acusado fue absuelto y, al reclamar la devolución de sus bienes, se detectó el primer faltante. La jueza que sustituía a Damasco en el Penal de 14º Turno, Adriana de los Santos, inició la investigación.
Durante la “Operación Campanita” la brigada especializada de la policía incautó 300 kilos de cocaína, fueron detenidas 24 personas y se desarticuló una poderosa organización delictiva dedicada al narcotráfico y al lavado de dinero.
El trabajo de investigación llevó casi tres años e incluyó 15 allanamientos en un solo día.
Ante el procesamiento con prisión de la jueza Anabella Damasco por haberse apropiado de unos 55.000 dólares procedentes de incautaciones realizadas, el ministro de la Suprema Corte de Justicia Daniel Gutiérrez dijo este jueves a En Perspectiva que propondrá en la corporación que se realice una auditoría en el juzgado de 14º Turno mientras estuvo a cargo Damasco, “para analizar contablemente todos los manejos de fondos”.
El ministro de la Suprema Corte dijo que de esa auditoría, seguramente surja alguna propuesta de “organización de un sistema de contralor que sea más seguro” para el manejo de dinero incautado, “que no dependa tanto de la subjetividad” del juez.
“Tengo 40 años de juez y es el hecho más grave que he presenciado respecto a la actuación de un magistrado”, afirmó Gutiérrez a En Perspectiva y agregó que siente “sorpresa, azoramiento, pena por la Justicia y una gran desazón” por el caso.
El ministro dijo que la Suprema Corte de Justicia iniciará una “indagatoria administrativa sobre este tema” para saber si fallaron otros controles.
De todas maneras, “hay algo reconfortante, sin denuncia externa el sistema funcionó”, analizó Gutiérrez.
La jueza Anabella Damasco fue procesada con prisión por el delito de peculado en reiteración real, ya que a lo largo de cuatro años se habría apropiado de unos 55.000 dólares procedentes de incautaciones realizadas en tres casos que tenía a su cargo.
El juez del crimen organizado, Jorge Díaz, dictó el procesamiento luego de una investigación iniciada al detectar faltantes en cuentas bancarias del juzgado de 14º turno, que ella encabezó hasta junio de año 2009, cuando fue ascendida al Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Primer Turno.
Hay que tener en cuenta que en los procesos penales los jueces abren una cuenta bancaria en caso que haya incautaciones de dinero. “No hubo una denuncia particular, sino que lo que existió fue una magistrado judicial que detecta irregularidades en un expediente, que realiza una investigación administrativa, que pone en conocimiento del juez competente esos hechos y que éste inicia de inmediato una investigación”, dijo Díaz.
La indagatoria se originó cuando la jueza Adriana de los Santos se hizo cargo del juzgado penal de 14º turno y encontró irregularidades en un expediente donde se pedía la devolución de un dinero incautado.
“No tengo el dinero. No gasté ni un peso de ese dinero en beneficio propio” declaró la magistrada, según señala este jueves El Observador.
Durante la indagatoria se pidió su declaración jurada de cuentas bancarias y se comprobó que no tiene bienes y que tiene deudas por 500.000 pesos.
Damasco declaró en el juzgado que si decía por qué había cometido el delito “involucraba a otras personas”. “Estaba siendo coaccionada y amenazada. Si tuviera que hacer lo mismo lo volvería a hacer” declaró ayer Damasco en el juzgado. Díaz le preguntó quién la amenazó, pero ella contestó: “eso no lo puedo decir”.
En los tres expedientes en los que se detectaron irregularidades, la fiscal que intervino fue Olga Carballo, cuyo nombre sonó para ocupar la Fiscalía de Corte y que en julio de 2008, cuando faltaba poco para su jubilación, renunció repentinamente a la fiscalía y se radicó en Nueva Zelanda.
El juez Díaz dijo ayer que por el momento no se pudo comprobar la participación de otras personas en los delitos presuntamente cometidos por Damasco.
La doctora Damasco es la primera ministra de un tribunal de apelaciones en ser procesada. Tiene 51 años y fue durante la última década una de las caras visibles de la judicatura. Estaba presidiendo por segunda vez la Asociación de Magistrados. Renunció mediante un correo electrónico, enviado desde el juzgado donde estaba detenida.
Era jueza desde 1989, se especializó en crimen organizado y fue ascendida a ministra del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de primer turno.
El sábado último compartió una mesa con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Leslie Van Rompaey en una conferencia sobre derechos humanos.
La Suprema Corte de Justicia y la Asociación de Magistrados analizarán hoy la situación, definida como “muy delicada”. Es la primera vez que un ministro del Tribunal de Apelaciones termina en la cárcel.
Damasco está recluida por ahora en la Guardia Republicana.
(actualizada con información de EL ESPECTADOR)
